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¿Qué mecanismos legales tienen los accionistas de Banco Popular para reclamar?

Publicado el 14/7/2017

Hace pocos días llegó a nuestros oídos la noticia de que Banco Santander había comprado Banco Popular por la irrisoria cantidad de un euro, una operación que se produjo horas después de que se interviniese la entidad, mediante el nuevo proceso de resolución europeo. La pregunta es, ¿valía realmente el banco un euro? Todo parece indicar que no, y que la práctica que se llevó a cabo fue la de cargar la factura a los accionistas e inversores con el argumento de evitar que el rescate vuelva a repercutir sobre el bolsillo del contribuyente, mediante una reducción del capital social a cero euros que implica una amortización de todas las acciones del Banco, así como la conversión de los bonos convertibles y la deuda subordinada en acciones, adquiridas a su vez al indicado precio simbólico por el Santander. Esta operación se ha realizado poco más de un año después de que Banco Popular realizase una ampliación de capital -mayo 2016- suscrita por 300.000 clientes y en donde se emitieron 2004 millones de nuevas acciones. Estos nuevos accionistas, así como también los antiguos, lo han perdido absolutamente todo: su acción vale, literalmente, cero euros, y han visto cómo sus inversiones y ahorros se han volatilizado. La duda que surge ahora es si, teniendo en cuenta el precedente del caso Bankia, estos accionistas disponen de algún tipo de mecanismo judicial que les permita resarcirse de sus pérdidas. Ya adelantamos que la respuesta no es sencilla y que a día de hoy aún desconocemos datos que pueden aclarar la viabilidad de cualquier acción. No obstante, entendemos que, sobre todo para aquellos que acudieron a la ampliación de capital del 2016, sí que es viable su reclamación judicial. Estos accionistas cuentan con varias acciones legales que pueden ejercitar en la vía Civil. - La primera de ellas es la acción de nulidad de la adquisición de las acciones por vicios en el consentimiento prestado por error, o bien por dolo, derivado de las falsedades, omisiones de información relevante, o manifestaciones engañosas ofrecidas por la entidad (artículo 1265 y siguientes del Código Civil). Esta acción fue la que se ejercitó en la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, donde se declaró la nulidad de adquisición de acciones con motivo de la oferta pública de suscripción (OPS) de Bankia. - La segunda acción es la que figura en el artículo 38.3 de la Ley de Mercado de Valores que establece la responsabilidad sobre el emisor, el oferente y los administradores, así como del garante y de la entidad directora de la emisión, por la información que figura en el folleto, en caso de que se ocasionen daños y perjuicios a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de informaciones falsas u omisiones de datos relevantes en el folleto. A priori parecen viables ambas acciones, aunque hay que entrar a valorar cada caso en particular. Hay indicios sólidos que apuntan a que la información que se suministró al accionista fue inexacta, con lo cuál se estaría ante un caso de error claro del consentimiento. De hecho, a día de hoy, OCU ha presentado una querella criminal contra la antigua cúpula de Banco Popular por falsedad contable. Esta viabilidad es aún mayor para aquellos -no pocos- accionistas que acudieron a la ampliación de capital aconsejados por el personal de confianza de la sucursal de turno, en tanto que parece que la información del folleto informativo (regulado en el artículo 26 y siguientes de la Ley de Mercado de Valores) no reflejaba la realidad estructural del Banco. Los argumentos que avalan nuestra tesis son, por ejemplo, el hecho de que los estados financieros de 2016, firmados por el Sr. Ron, fueron corregidos por la auditoría interna de Popular y afloraron un desajuste contable de 700 millones de euros, con lo que hacen más que evidente que la información contable que se suministró al potencial accionista no era real. Asimismo, el que era presidente de la entidad declaró (véase la edición digital de "El País" de 26 de mayo de 2016) que "para 2018 deberíamos entregar en metálico el 40% del beneficio". Por último, tenemos el precedente de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de febrero de 2016, anteriormente citada, que avala el error en el consentimiento, en el caso Bankia, "cuando el documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia". Es por ello, sin querer comparar situaciones que no son iguales -Bankia y Popular-, que entendemos que, sobre todo aquellos accionistas que fueron aconsejados por los propios empleados de confianza de la entidad y que han visto como sus acciones eran amortizadas, pueden reclamar por las pérdidas sufridas en este bochornoso proceso de "desaparición" del Banco Popular, a fin de que sean resarcidos de su inversión juntamente con los correspondientes intereses.

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