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La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a una entidad financiera al pago de 221.903,18 euros, para resarcir los daños causados por no financiar una promoción inmobiliaria.

Publicado el 28/4/2014

La Audiencia Provincial de Zaragoza condena a una entidad financiera al pago de 221.903,18 euros, para resarcir los daños causados por no financiar una promoción inmobiliaria.

La Sala razona en reciente Sentencia favorable a la sociedad promotora, cuya defensa en juicio fue ejercida por PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS, que todos los acuerdos y negociaciones realizados con la entidad financiera no tendrían sentido alguno sin la concesión futura del préstamo promotor, dado que la financiación era lógicamente necesaria para acometer la ejecución de las obras, resultando evidente que la no concesión de ese préstamo finalmente supuso la imposibilidad material de ejecutar la promoción. A través de la prueba practicada quedó acreditado que la entidad financiera obstruyó, por motivos distintos a los alegados en el acto del juicio, unilateralmente la consecución de una promoción propiciada y gestionada en detalle desde su filial inmobiliaria, bendecida desde las oficinas de la propia entidad desde el inicio de la operación, lo que constituyó un agravio para la sociedad promotora que por tanto debe indemnizarse. En la cuantificación de los perjuicios económicos derivados de la no ejecución de la promoción inmobiliaria, la Sala incluye no solo los gastos presentes soportados por importe de 94.405,40 €, sino también los perjuicio económicos futuros o lucro cesante por importe de 127.497,78 €, considerando probada la venta de seis futuros inmuebles que a causa de la frustración del negocio jurídico fueron resueltas. La Sala considera inverosímil que puedan considerarse meros tratos preliminares, como argumentaba la entidad bancaria por no haber suscrito con la promotora documento de financiación alguno, actuaciones que fraguan en seis contratos de compraventa firmados en sus propias oficinas bancarias, con cantidades elevadas pagadas a cuenta, avaladas por la misma entidad y que tuvieron que ser devueltas ante la desvinculación arbitraria y unilateral del proyecto por parte de la entidad financiera, con el mencionado perjuicio económico, y que aparentaba ser de cara a los implicados y a los terceros compradores de pisos un proyecto seguro y consolidado.