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Primera condena por boicotear a una empresa competidora

Publicado el 1/12/2017

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la sanción a tres aseguradoras por las presiones que ejercieron a otra compañía que decidió no cumplir un acuerdo anticompetitivo de precios mínimos.

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de dictar una sentencia que condena a tres aseguradoras por actuaciones de presión y boicot frente a las empresas que no cumplían un acuerdo que fijaba precios mínimos en el seguro decenal obligatorio que deben suscribir los promotores de vivienda nueva. El fallo, sin embargo, rebaja ligeramente la sanción del juzgado número 12 de lo mercantil de Madrid, que fijó una indemnización de 3.550.615 euros.

Estas compañías, que aún pueden recurrir ante el Tribunal Supremo, deberán abonar casi tres millones de euros a Musaat, que decidió lanzar al mercado un producto que suponía para el tomador un ahorro de aproximadamente el 24% respecto del importe medio de las primas que se venían comercializando. Sin embargo, ante la presión de las condenadas, la empresa que se había comprometido a brindarle a Musaat el reaseguro decidió retirarlo, lo que obligó a buscar otra compañía que ofrecía peores condiciones, ya que Musaat ya había lanzado la campaña publicitaria con la oferta inicial.

"La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera jurídicamente acertado el pronunciamiento declarativo de la sentencia del juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid de que los actos y conductas llevadas a cabo por las demandadas constituyen actos de boicot y retorsión a Musaat, y confirma que esas conductas son una violación antitrust", explica Antonio Cueto, socio de Bird & Bird y letrado de Musaat en este asunto.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid llega poco después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, que transpone la directiva europea sobre daños. "Es relevante para las futuras acciones privadas del derecho de la competencia por cuanto ha sido dictada en un momento en el que la actual normativa facilita esas reclamaciones de daños y perjuicios por ilícitos antitrust", subraya el socio de Bird & Bird, quien señala que "se trata de uno de los primeros casos de este tipo de reclamaciones de daños en España, con la dificultad de que se inició con anterioridad a la directiva y cuando la resolución de la CNC -actual CNMC- no era firme". Así, el Tribunal Supremo (TS), en fecha de mayo de 2015, estimó que había quedado acreditada la existencia de un acuerdo para fijar unos precios mínimos en el seguro decenal de daños a la edificación. Es más, en los recursos de casación presentados ante el TS contra las sentencias previas de la Audiencia Nacional que habían negado la existencia de cártel, la propia Comisión Europea presentó observaciones al Alto Tribunal español en una iniciativa muy excepcional a nivel europeo que sólo se produce cuando considera que es necesaria la interpretación correcta del derecho comunitario.

Por otro lado, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid analiza también cuestiones como el plazo de prescripción de las acciones. Así, recuerda la doctrina del TS y señala que, para que la prescripción comience a correr, es necesario que la demandante disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar. El fallo señala que "la simple noticia de que un reasegurador ha retirado su oferta por razón de virtuales presiones, pese a representar un indicio de esa clase de prácticas, constituya a su receptor en una situación de aptitud plena para litigiar", por lo que entiende que necesite de cierta documentación antes de presentar las acciones de resarcimiento.

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