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Boletín Schultze & Braun Actu @ te Europa 31 de julio de 2017

Publicado el 4/8/2017

TJUE: Poner la protección de los trabajadores a la vanguardia en las transferencias de empresas realizadas en forma de un "paquete previo"
 
Si la forma de una reestructuración empresarial incluye un "paquete previo", de modo que la transferencia de una empresa se prepare antes del inicio de la insolvencia y se complete inmediatamente después con la asistencia de un posible administrador de la insolvencia designado por el tribunal, Proteger a los empleados todavía se aplican a la transferencia de negocios.

Puede encontrar el artículo completo en este boletín.

Esperamos que le resulte interesante leer.

Estro Groep BV (Grupo Estro) solía ser la empresa de cuidado infantil más grande de los Países Bajos. Tenía aproximadamente 380 instalaciones y unos 3.600 empleados. Cuando quedó claro que el Grupo Estro pronto enfrentaría la falta de liquidez, se elaboró ​​un plan para relanzar una parte clave del Grupo. El relanzamiento se realizaría sobre la base de que 342 instalaciones de los 380 reabrirían, se mantendrían unos 2.500 puestos de trabajo y los servicios en todas las instalaciones continuaron en julio de 2014. Con este objetivo en mente, el Grupo Estro se acercó a H.I.G. Capital, la empresa hermana de su principal accionista, como potencial comprador.

El 5 de junio de 2014, el Grupo Estro solicitó al Rechtbank Amsterdam el nombramiento de un administrador de insolvencia que se celebró el 10 de junio de 2014. En preparación de la venta, el administrador de la insolvencia fundó Smallsteps el 20 de junio de 2014, Que iba a tomar la mayoría de los viveros del Grupo Estro en nombre de HIG Capital. Los procedimientos de insolvencia relativos a los activos del Grupo Estro comenzaron el 5 de julio de 2014. El mismo día se firmó un acuerdo de venta (pre-pack) entre el administrador de la insolvencia y Smallsteps, en el que ésta adquirió aproximadamente 250 instalaciones del Grupo Estro Y se comprometió a ofrecer puestos de trabajo a aproximadamente 2.600 de sus empleados. El administrador de la insolvencia despidió a todos los empleados del Grupo Estro el 7 de julio de 2014. A Smallsteps se le ofreció a unos 2.600 empleados un nuevo contrato de trabajo; Más de 1.000 fueron finalmente redundantes.

La Federatie Nederlandse Vakvereniging, una asociación sindical holandesa, y otros cuatro coadyuvantes empleados en las instalaciones de Smallsteps, pero a las que no se les habían ofrecido nuevos contratos de trabajo después de la insolvencia, interpusieron acciones legales. En primer lugar, se solicitó la declaración de que la Directiva 2001/23 / CE era aplicable al preembalaje acordado entre el Grupo Estro y Smallsteps y, por lo tanto, debía presumirse que los citados co-demandantes se habían incorporado automáticamente al empleo de Smallsteps en las mismas condiciones de empleo y Condiciones.

El Rechtbank Amsterdam suspendió el procedimiento y envió al TJUE una serie de cuestiones relativas a la interpretación de la Directiva 2001/23 / CE. En particular, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la protección prevista en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23 / CE a los trabajadores en caso de transferencias de empresas se realiza en un procedimiento como el procedimiento de preenvasado o si la excepción del artículo 5, Apartado 1, de la Directiva 2001/23 / CE.

El TJUE considera que las disposiciones de protección de la Directiva 2001/23 / CE se aplican a los hechos del caso tal como se han presentado, ya que el paquete previo no constituye una excepción en el sentido de la Directiva. En primer lugar, el TJUE considera que la Directiva 2001/23 / CE se dirige esencialmente a la protección de los trabajadores durante las transferencias empresariales, en particular garantizando que sus derechos estén protegidos en caso de cambio de empresario. El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/23 / CE protege a los trabajadores contra el despido únicamente sobre la base de la transferencia del cedente o del cesionario.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2001/23 / CE, este régimen de protección no se aplica a las transferencias de empresas realizadas en las siguientes circunstancias: el cedente debe ser objeto de un procedimiento de quiebra A la liquidación de los activos del cedente bajo la supervisión de una autoridad pública competente.

En su interpretación, el TJUE llega de hecho a la conclusión de que el paquete previo considerado como un procedimiento uniforme puede ser incluido en el concepto de «procedimiento de quiebra». Sin embargo, el Tribunal considera que no se han cumplido las demás condiciones.

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 / CE exige la apertura de un procedimiento de quiebra con vistas a la liquidación de los activos del cedente. Esto debía separarse del objetivo de la continuación del compromiso. En efecto, el paquete previo sirve para preparar la transferencia de una empresa a fin de permitir un relanzamiento rápido de sus unidades viables y también salvaguardar el valor de la empresa y los puestos de trabajo. Por último, el objetivo primordial del paquete previo no es la liquidación, a pesar de que la maximización de la satisfacción de las reclamaciones colectivas de los acreedores se persigue como un objetivo secundario, pero la continuación del negocio. Por lo tanto, privar a los empleados afectados de su condición jurídica no puede justificarse por razones económicas o sociales.

Por otra parte, en este caso tampoco existe la tercera condición, ya que el administrador de la insolvencia preliminar, para el que no existe fundamento en Derecho neerlandés, no está bajo el control de una autoridad pública competente. Si bien el administrador de la insolvencia preliminar es nombrado por el tribunal a petición de la empresa insolvente, no tiene, no obstante, facultades formales. Esto es particularmente cierto ya que el posible administrador de la insolvencia prepara principalmente la venta de la empresa antes de la apertura de la insolvencia.

La sentencia del TJUE refuerza la protección de los trabajadores en las transferencias de empresas. Esto está en consonancia con el desarrollo observable en sentencias anteriores por el TJUE. Sin embargo, para las empresas en insolvencia, esto significa que deben observarse condiciones estrictas durante una reestructuración. Esto se debe a que en el caso de un pre-pack los empleados deben ahora ser asumidos por la nueva entidad.

El procedimiento de pre-empaque no es en sí mismo sin controversia. Por un lado, se ve como una solución atractiva para mantener una cierta cantidad de activos y puestos de trabajo. Por otra parte, son precisamente los profesionales del derecho del trabajo y de la insolvencia los que consideran que contiene el riesgo de pasar por alto las disposiciones de protección para acreedores y empleados. Por otra parte, no existe un fundamento jurídico para este procedimiento en los Países Bajos. Sin embargo, a diferencia de Alemania, los Países Bajos han promulgado la excepción para la aplicación de las disposiciones de protección para la protección de los empleados en las transferencias de empresas en caso de insolvencia.

La decisión del órgano jurisdiccional neerlandés de someter el asunto a una decisión prejudicial dio al CJUE la oportunidad de poner a la vanguardia la protección de los trabajadores en el contexto del pre-pack. Sin embargo, es dudoso que esto genere claridad jurídica. No es posible predecir, debido a los hechos extremadamente específicos en este caso, si esta decisión del TJUE constituye una decisión sobre los principios relativos al paquete previo. Además, se plantea la cuestión de saber cuándo se activa alguna vez la excepción prevista en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 / CE. En segundo lugar, la sentencia deja abierta la manera de evaluar si el objetivo primordial de un paquete previo es la continuación de la empresa o la liquidación, o más bien maximizar los ingresos, o si éste último puede ser el objetivo primordial. Sin embargo, habida cuenta de las conclusiones del Abogado General, el TJUE mantendrá su posición respecto de la protección de los trabajadores si el objetivo es la liquidación. Ello se debe a que el criterio para la aplicación de la Directiva 2001/23 / CE no es sólo el objetivo del procedimiento, sino también su forma. A condición de que la forma del concepto general tenga por objeto preservar la continuación del negocio, tanto el Abogado General como el CJUE defienden la protección de los trabajadores.

Elisa Fiona Freund, Abogada en Alemania, Maestro Droit Européen - spécialité juriste franco-allemand

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