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LA LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES

Publicado el 6/10/2005

Con fecha 31 de Diciembre del 2004 ha entrado en vigor la Ley por la que se establecen Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ( Ley 3 / 2004, de 29 de Diciembre ), con la que se transpone al ordenamiento interno español la Directiva 2000 / 35 / CE, norma armonizadora elaborada con el objetivo principal de suprimir las importantes diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de pago y a los intereses de demora fijados para las transacciones comerciales. España se ha convertido en el último de los estados miembros en incorporar la directiva comunitaria, mas de dos años después de la fecha límite fijada en la misma. AMBITO DE APLICACIÓN La indicada Ley resulta aplicable a los pagos de deudas dinerarias derivadas de operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios, quedando no obstante excluidas de manera expresa las operaciones en las que intervienen consumidores, los pagos de indemnizaciones por daños, las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor y, de manera especial, los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio, exclusión esta última muy importante por ser este un medio de pago habitual en España, lo que hace cuestionable el verdadero alcance práctico que la Ley pueda llegar a tener. Debemos resaltar que en este aspecto la Ley resulta confusa y de difícil interpretación, resultando así bastante complicado determinar el verdadero alcance de la exclusión referida al pago aplazado de deudas instrumentadas mediante títulos cambiarios, aunque parece poder concluirse que la Ley únicamente excluye de su ámbito de aplicación a los intereses devengados como consecuencia de dicho aplazamiento. PRINCIPALES NOVEDADES Un primer aspecto destacado de la nueva Ley es la inclusión, dentro de su ámbito de aplicación, de todas las operaciones comerciales en las que de algún modo participa la Administración. Por lo que respecta a la fijación de los plazos de pago, la Ley española determina un plazo general de 30 días que únicamente será aplicable a falta de pacto entre las partes, plazo este que será computable, en circunstancias normales, desde la recepción de la factura o solicitud de pago equivalente. En materia de intereses de demora, en la fijación de los mismos prevalece también lo acordado contractualmente por las partes; sólo en defecto de pacto regirá el tipo legal constituido por la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más siete puntos porcentuales, margen este fijado con carácter de mínimo por la norma europea. En este sentido, el Estado Español se ha limitado a cubrir el nivel de exigencia mínimo previsto por la Directiva. Respecto al devengo, la obligación de pago de estos intereses surgirá de manera automática por el mero incumplimiento del plazo de pago fijado. El carácter preponderante otorgado a la voluntad de las partes por lo que se refiere a la fijación de plazos de pago y de tipos de interés de demora, se halla en todo caso limitado por la prohibición expresa de incluir en los contratos cláusulas abusivas injustificadas que perjudiquen al acreedor. La apreciación del carácter abusivo y, con ello, de la nulidad de dichas cláusulas corresponderá al Juez, contando para ello con un importante grado de discrecionalidad. Para la calificación como abusiva de una cláusula deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso, como, entre otras, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal de interés de demora. Especialmente novedoso resulta el reconocimiento de legitimación personal activa a las asociaciaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores, que por su Estatuto representen los intereses de sus miembros, para poder interponer acciones de cesación y retractación – que no de nulidad – de cláusulas pactadas, lo cual beneficia sobremanera a las PYMES que de forma individual carecen en ocasiones de la fuerza necesaria. Destacable resulta también la compensación que el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor con motivo de los costes de cobro que haya soportado como consecuencia de la mora, pudiéndose reclamar en este caso una indemnización por todos aquellos costes que se hallen debidamente acreditados, cuya cuantía máxima se ha previsto que sea el 15 % del importe total de la deuda, salvo cuando esta sea inferior a 30.000.-€, en cuyo caso el límite será el del importe de la deuda. CONTRATACIÓN PUBLICA Resulta muy relevante la transposición de la Directiva en el ámbito de la contratación pública. La disposición final primera modifica determinados arts. del Real Decreto Legislativo 2 / 2000, que regula los Contratos de Administraciones Públicas. Concretamente, las novedades que introduce consisten en fijar, con carácter general, un plazo de pago de 60 días, y las consecuencias derivadas del incumplimiento de los plazos de pago previstos en la misma; el devengo automático de los intereses de demora, al tipo fijado por esta Ley, así como el derecho a un indemnización por los costes de cobro de la deuda. Estas medidas también se incorporan en el marco de la relación entre contratistas, subcontratistas y suministradores. APLICACIÓN RETROACTIVA Debemos señalar que las disposiciones de esta nueva Ley resultarán de aplicación a todos los contratos comerciales concluidos con posterioridad al 8 de Agosto del 2002, en cuanto a sus efectos futuros, previsión especialmente relevante al suponer una aplicación retroactiva de la norma a todos los contratos firmados a partir de esa fecha, modificándose con ello por Ley el contenido pactado en los mismos. No obstante, y por lo que respecta a la nulidad de las cláusulas abusivas, se prevé que la Ley sea aplicable a todos los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigor. COMERCIO MINORISTA En otro orden de cosas, el art. 17 de la Ley 7 / 1996 de Ordenación del Comercio Minorista será de aplicación preferente a la Ley objeto del presente estudio por lo que hace a los contratos concluidos en este sector, aunque la redacción de dicho artículo ha quedado profundamente modificada. Así, en el caso de productos frescos o perecederos los aplazamientos de pago no excederán en ningún caso de 30 días, pudiendo extenderse hasta los 60 días para los demás productos de alimentación y gran consumo, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas para el proveedor, en cuyo caso el aplazamiento podrá extenderse hasta los 90 días como máximo. La exigibilidad de este plazo de 60 días se ha visto no obstante suspendida en virtud de un periodo transitorio de adaptación que se extiende hasta el 1 de Julio de 2006. Respecto del resto de los productos, estos podrán seguir estando sometidos a aplazamientos incluso superiores a ciento veinte días, siempre que el pago quede instrumentado en documento que lleve aparejado acción cambiaria.
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