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LO QUE EL ACREEDOR DEBE CONOCER ANTE UN POSIBLE CONCURSO DE SU DEUDOR

Publicado el 5/10/2005

José Pajares, Director del despacho de abogados zaragozano Pajares y Asociados, analiza las conclusiones sobre la ponencia que realizó en la ultima edición del Congreso de la Unión Internacional de Abogados. La Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal, conforme explica desde su mismo inicio en su Exposición de Motivos “persigue satisfacer una aspiración profunda y largamente sentida en el derecho patrimonial español: la reforma de la legislación española... El arcaísmo y la dispersión de las normas vigentes en esta materia son defectos que derivan de la codificación española del Siglo XIX... La Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1.922, promulgada con carácter provisional, porque se dictó para resolver un caso concreto, llegó a convertirse en pieza básica de nuestro derecho concursal gracias a la flexibilidad de su regulación... El resultado... es un texto que se propone corregir las deficiencias del anterior derecho con soluciones en las que puede apreciarse el propósito de coordinar la originalidad del nuevo sistema concursal con su armónica inserción en el conjunto de nuestro ordenamiento...” Precisamente es por este carácter provisional que tenía por el que la Ley 22/03, de 9 de Julio, evita errores anteriores justificando en su misma Exposición de Motivos “la unidad del procedimiento de concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la Ley lo dota, que permite su adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del concurso”. Por ello mismo, y a diferencia de lo que durante prácticamente dos siglos ha sucedido en España, la Ley regula con nuevos criterios de clara funcionalidad los efectos del ahora concurso sobre los acreedores conforme se expone a continuación. El acreedor que no haya adquirido su crédito intervivos y a título singular después de su vencimiento dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de concurso podrá instar el concurso del deudor (art. 3º LC) debiendo expresar el origen, naturaleza, importe, fecha de adquisición y vencimiento y situación actual del crédito, así como los medios de prueba de que intenta valerse (art. 7º LC) También puede ser nombrados administrador concursal si es titular de un crédito ordinario o con privilegio general que no esté garantizado, siempre y cuando no sea competidor del deudor o forme parte del grupo de empresas del mismos (art. 27º y 28º LC) Es importante que el acreedor esté atento al llamamiento para justificar su crédito pues ha de hacerlo en los treinta días siguientes a la publicación de la declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor tirada de la ciudad donde tenga centralizado el deudor su actividad (art. 21º.5 y 23º.1) ya que puede calificarse como subordinado (artº 92) Declarado el concurso no podrán admitirse demandas de orden civil o social; de admitirse se ordenará su archivo. Por el contrario, las demandas contencioso-administrativas y penales que pudieran tener transcendencia para el patrimonio del deudor se admitirán teniendo por parte a la administración concursal (art. 50º) Los juicios en trámite y los procedimientos arbitrales (no así los convenios arbitrales) continuarán hasta la firmeza de la sentencia, acumulándose las que se encuentren en primera instancia y tengan transcendencia para la formación del inventario o de la lista de acreedores (art. 51º) Asimismo no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios salvo que se trate de procedimientos administrativos en que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en que se hubieran embargado bienes del concursado con anterioridad a la declaración de concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad (art. 55º) Los créditos con garantía real de bienes afectos a la actividad no podrán iniciarse hasta que se apruebe el convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se haya iniciado la liquidación. Las que se encuentren iniciadas se suspenderán salvo que ya estuvieren publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad (art. 56º) Una vez declarado el concurso no procederá la compensación de los derechos y las deudas del concursado (art. 58º) quedando además suspendido el devengo de los intereses legales o convencionales, salvo los créditos con garantía real hasta donde alcance la garantía y los créditos laborales conforme el interés legal del dinero (art. 59º) Es importante tener muy en cuenta que los contratos con obligaciones recíprocas no se verán afectos por la declaración de concurso. Por ello, se tendrán por no puesta las cláusulas que establezcan la resolución o extinción del contrato por la sola declaración del concurso (art. 61º) Por último, el acreedor podrá presentar propuesta de convenio si no lo hiciere la deudora y su crédito o conjunto con otros supere una quinta parte del total pasivo, salvo que se hubiera solicitado la liquidación (art. 113º); asistir a la Junta (art. 118º); oponerse al convenio (art. 128º); y solicitar la liquidación (art. 142º).

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