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MEDIDAS JURÍDICAS PARA DISMINUIR LA MOROSIDAD EN LAS EMPRESAS

Publicado el 8/3/2006

La morosidad en las empresas es una realidad preocupante en el tráfico mercantil en España, que presenta los índices más elevados de perdidas por impagados y créditos fallidos de todos los Estados de la UE, estando afectadas gran número de empresas independientemente del sector en el que concurran, y que se encuentran con que, en unos casos el deudor consigue una financiación gratuita o muy favorable a costa del proveedor de productos o servicios, o directamente la deuda deviene en incobrable por la insolvencia o desaparición del deudor.   La presente comunicación pretende apuntar de manera esquemática diferentes soluciones prácticas en aras a la mayor prevención o posibilidad de recobro judicial de las deudas impagadas que deriven de operaciones comerciales.     PREVENCION DE IMPAGOS MEDIANTE LA ADECUADA DOCUMENTACION DE LAS OPERACIONES COMERCIALES   Una adecuada política de prevención de impagos dentro de la empresa, en aras a generar la documentación necesaria que permita el recobro judicial de la deuda en caso de impago de la misma, es fundamental.   Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus arts. 217.2 y 3, establece que es obligación del reclamante asumir la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, mientras que corresponde al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de lo reclamado por el actor.   La documentación básica para acreditar el concreto encargo, o la efectiva entrega del bien o prestación del servicio, es la siguiente:   a)     El contrato y/o el pedido y/o aceptación de la oferta. El contrato formalizado por escrito es el que mejor protege jurídicamente los intereses del acreedor, ya que impide, por ejemplo, que el deudor niegue la realidad de la deuda, aunque nada obsta a que dicho contrato pueda ser verbal, ya que con arreglo al art. 1254 del Código Civil y art. 51 del Código de Comercio cualquier relación comercial lleva implícita la existencia de un contrato.             El documento que materializa el pedido o la aceptación de la oferta se     constituye en prueba eficaz de la existencia del contrato, ya que el         consentimiento que exige el art. 1258 del Código Civil para la        perfección de un contrato ( aplicable a   los contratos mercantiles en         virtud al art. 50 del Código de Comercio ) se        manifiesta por el concurso            de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que son objeto      de la operación comercial.   b)     En base a los art. 1461 y 1462 del Código Civil el vendedor está obligado a entregar la cosa objeto del contrato, poniéndola en poder y posesión del comprador, y dicha circunstancia puede ponerse de manifiesto mediante el albarán de entrega, que debe hacer referencia a la mercancía entregada o servicio prestado a la fecha de entrega de dichas prestaciones así como a la identificación de la parte que entrega o presta y la que recibe la prestación, que perfectamente puede ser el parte del transportista.   c)      La factura establece la obligación de pago del deudor y es recomendable que se emita a la mayor brevedad, reflejando las condiciones de pago pactadas o legalmente establecidas como recordatorio para el deudor, así como que se asegure la recepción de la misma por el deudor, obteniendo incluso constancia documental de ello.       CLAUSULA DE RESERVA DE DOMINIO   La inclusión de la cláusula de reserva de dominio en el art. 10 de la Ley 3/04 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales refuerza su aplicación práctica y es recomendable cuando la operación comercial tenga por objeto bienes corporales que no estén destinados al consumo inmediato y que sean susceptibles de individualización, de forma que sean separables del resto de mercancía que tenga el comprador.   Mediante esta cláusula el vendedor conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio de la compraventa, siempre que así se haya acordado con antelación a la entrega de los bienes, pudiendo retener el vendedor la documentación acreditativa de la titularidad de dichos bienes.   Estos efectos operan únicamente a efectos internos  entre comprador y vendedor, y no afectan a terceros interesados sino consta la reserva de dominio inscrita en un registro público, como pudiera ser el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, excepto cuando estos terceros no actúen de buena fe, es decir, sean conocedores de la existencia de dicho pacto y aún así adquieran el bien de referencia.    USO DE EFECTOS CAMBIARIOS Y OTRAS GARANTIAS ARTICULADAS EN TÍTULOS EJECUTIVOS   En ciertos supuestos es conveniente documentar la deuda en un título  que lleve aparejada la ejecución contra los bienes del deudor o cuanto menos afiance dicha ejecución mediante medidas preventivas, de forma que el acreedor pueda iniciar actuaciones ejecutivas o preventivas para la realización de sus derechos de cobro sin tener que entablar un proceso declarativo que se puede extender en el tiempo con el riesgo y perjuicio que ello conlleva.   Los efectos cambiarios son uno de los medios más eficaces para reforzar las garantías de cobro, regulados en la Ley Cambiaria y del Cheque 19 / 85, en concreto la letra de cambio, el pagaré y el cheque, en la medida en la que permiten iniciar un procedimiento  cambiario dirigido a procurar una tutela eficaz mediante un acceso rápido a la ejecución. Dichos documentos se constituyen en prueba suficiente de la deuda por lo que es bastante acompañarlos en la demanda con el único requisito de que sean cumplimentados correcta y totalmente para que tengan plena eficacia.   Es conveniente destacar las escrituras públicas como uno de los títulos que llevan aparejada ejecución contra los bienes del deudor ( art. 512.2.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y que por tanto permiten iniciar directamente el proceso de ejecución, con unos motivos de oposición tasados que no paralizan el mismo.   De esta forma, cuando se produce un retraso en el pago y se plantea una renegociación de la deuda, es importante proteger jurídicamente el derecho existente, sobre todo cuando las cantidades son elevadas, mediante un reconocimiento de deuda formalizado ante notario reconociendo el importe de la deuda y los plazos acordados.   Otra medida interesante puede ser exigir para la renegociación o la operación comercial sea de cierto riesgo, que se involucre un tercero que otorgue fianza en escritura pública  (art. 439 del Código de Comercio ), sin que en la misma conste ningún límite temporal.   PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN RELACION CON LA LEY 3/ 2004 DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD.   El 31 de Diciembre de 2005 se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley citada, que persigue evitar los supuestos habituales de “ mora automática “, de forma que se consiga evitar que algunos deudores abusen de los bajos intereses que se aplican en los procedimientos judiciales de ejecución, así como de la propia lentitud de la administración de justicia.   PAJARES & ASOCIADOS ABOGADOS ha venido formulando reclamaciones judiciales en solicitud de aplicación de los intereses previstos en la Ley de Morosidad y en la Ley de Comercio Minorista 7 / 96, así como de indemnización de los gastos efectuados para el cobro, siendo cada vez más frecuente, aunque todavía no habitual, que los Juzgados impongan al deudor intereses al tipo incrementado previsto en la Ley, siendo en la actualidad del 9,25 %, y la indemnización por los gastos y costas judiciales necesarios para el recobro, por lo que ciertamente el consejo que efectuamos a nuestros clientes es no demorar la vía jurisdiccional al producirse el impago, tanto porque las posibilidades de cobro aumentan como porque el devengo de intereses es un instrumento que permite, cuando el deudor es solvente, el recobro ya no sólo de la cantidad principal, sino de los rendimientos financieros y otros que hubiese generado la misma.   De esta forma, en aplicación de la Ley de Lucha contra la Morosidad los deudores es de esperar que vayan concienciándose de que el incumplimiento de los plazos de pago puede acarrearles gastos y costes muy superiores a las exigibles con la normativa anterior, y por tanto, que el retraso en los pagos ya no les permite financiarse a costa de los proveedores.       Departamento Derecho Mercantil e Insolvencias PAJARES&ASOCIADOS ABOGADOS       Esta Publicación tiene exclusivamente carácter informativo sobre la temática legal cubierta y no constituye asesoramiento legal, que debe ser solicitado antes de emprender cualquier actuación concreta

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