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¿Se ha conseguido algo con la nueva Ley Concursal?

Publicado el 9/4/2012

Nueva modificación, en este caso sustancial, de la Ley Concursal aprobada por Ley 38/2011 de 10 de Octubre pero ¿se ha conseguido algo o, cuanto menos, permitirá que se obtenga en el futuro?

En mi opinión estamos todavía muy lejos de que la referida sirva para solventar los enormes problemas que genera la crisis económica, fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa española, y sobre todo familiar, pues el legislador parece pensar solo en las otras empresas que, como todos sabemos, no son muy conocidas por nuestros lares aragoneses.

Es cierto que se contienen muchas modificaciones pero no dejan de ser meramente formales y de escaso calado a la situación que todos conocemos pues, de nuevo, se reproducen los “blindajes” de las instituciones financieras hasta el extremo de dejar a su arbitrio “su sacrificio” en los acuerdos previos de refinanciación con los deudores y, cómo no, los privilegios de la administración pública.

Dos son las regulaciones a las que esta modificación dedica esfuerzo, una de mejora –o pretende serlo- de los acuerdos de refinanciación y otra nueva cual resulta el “fresh money”.

Los acuerdos de refinanciación que ya aparecían en el RDL 3/2009 de 27 de Marzo como la solución extrajudicial al inconveniente del concurso de acreedores y que en la práctica no fueron eficaces o eficientes -si obviamos la práctica de presentar esa comunicación al Juzgado de lo Mercantil competente y evitar de este modo la solicitud por cualquier acreedor del concurso necesario- son complementados y mejorados pero sin conseguir su fin último evitar el concurso.

Pero de nuevo no se ha introducido el concurso extrajudicial y, la verdad es que no entiendo por qué, pues con él se evitarían precisamente los efectos que la comunicación del inicio de los acuerdos de refinanciación produce: la ejecución de las garantías, la desconfianza de los proveedores, clientes y trabajadores abocando a la compañía al concurso, en estas condiciones, en liquidación.

Pero más a más esa refinanciación vuelve a quedar en manos de las instituciones financieras no firmantes del acuerdo pues pueden impugnarlo en atención a la “valoración de la desproporción del sacrificio” lo que ya denota su complejidad práctica y no despeja la duda en los quórum necesarios para su adopción sobre la concurrencia de los acreedores que en el concurso serían subordinados, única circunstancia que nos da una salida en contadas ocasiones a los abogados de la concursada.

La segunda novedad parece un claro “brindis al sol” pues se reconoce como crédito contra la masa “el cincuenta por ciento de los créditos que supongan ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marcho de un una acuerdo de refinanciación” pero sólo lo es de su mitad y además en el último puesto de los mismos que establece el artículo 84, por lo que el tiempo evidenciará su ineficacia.

Felizmente se regula la solicitud de concurso sin masa condicionando su admisión a que puedan plantearse acciones de reintegración y a que pueda ser calificado como culpable; y la no apertura de la pieza de calificación si el concurso se presenta con un convenio anticipado aprobado por los acreedores, que de algún modo parece equipararse al convenio extrajudicial pero sin los efectos suspensivos necesarios.

La figura del administrador concursal se refuerza en lo que interesa a los abogados en tres sentidos: permitiendo la designación de sociedades “en la que integre, al menos, una abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas” aunque garantizando la independencia debida con los auditores; la vuelta a la designación del administrador representante de los acreedores “de entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe”; y, en la necesaria intervención de letrado en los incidentes que interponga la administración concursal, que tendrá su importancia en los supuestos de designación de un solo administrador concursal que no tenga la condición de letrado.

Otras cuestiones introducidas, mejoradas o completadas en la reforma son las siguientes:

a) la suspensión de “las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles”;

b) la posibilidad de que la administración concursal altere el pago de los créditos contra la masa a su vencimiento cuando “presuma que la masa activa resulta suficiente para la satisfacción de todos los créditos contra la masa”;

c) la apertura de la fase de convenio o de liquidación sin esperar a la resolución de los incidentes si las impugnaciones no suponen más del 20% de las valoraciones realizadas en el informe por la administración concursal;

José Pajares, presidente de la Comisión de Insolvencia de la UIA.

*Fuente: Publicado en Diario Expansión Digital. Enlace: http://www.expansion.com/2012/04/02/juridico/opinion/1333380051.html?a=385a9cdddfda0b345033eaf5a569dc47&t=1333471317

 

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