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Obras en la calle: ¿por qué los comerciantes no pueden reclamar?

Publicado el 14/1/2016

Es difícil que un tribunal acepte compensar a una empresa por lucro cesante. Aun así, es clave que se realicen comparativas de resultados interanuales y con los meses anteriores para dotar de peso a una demanda.

Once de la mañana. Ruido de cláxones y los gritos de conductores y repartidores que llevan horas parados -y desesperados-. Este ambiente caótico llega a los comerciantes de la zona, que están de uñas con las obras que tienen patas arriba su barrio desde hace semanas. El polvo que entra en sus locales por el trabajo de las excavadoras es el único visitante que reciben. Los clientes no están dispuestos a sortear vallas y socavones para probar y adquirir sus productos y prefieren irse a las afueras a un gran centro comercial.

Ésta es la cara B de las obras que mejoran una ciudad, pero que empeoran temporalmente el carácter de los tenderos. Después de años con las obras públicas casi paralizadas, la recuperación económica vendrá acompañada de declaraciones de asociaciones de comerciantes exigiendo daños y perjuicios por la caída de sus ventas mientras duran las obras frente a sus escaparates.

Sin embargo, no lo tienen nada fácil. La ley es clara al respecto y determina "la obligación de soportar las obras, ya que el interés general que justifica su realización prevalece sobre el interés particular de los dueños de los locales", explica Javier Domínguez, director del departamento de mercantil de Bellavista Legal.

Reasfaltar una calle, cambiar el cableado subterráneo de telecomunicaciones o construir una nueva línea de metro suponen una mejora para un barrio, que se verá potenciado una vez que se finalicen. Paciencia, por tanto, es la mejor receta.

Pagar los impuestos no es el único deber que tienen los ciudadanos con respecto a la Administración Pública. "Lógicamente ese deber no es ilimitado, sino que debe ser razonable, de lo contrario la Administración puede incurrir en supuesto de responsabilidad patrimonial, en cuyo caso surge su obligación de indemnizar", explica Ismael Fernández Antón, socio de inmobiliario de Ashurst.

Precisamente, a este supuesto se han agarrado los pocos comerciantes que han conseguido ver sus reclamaciones satisfechas. Es el caso de un concesionario de Valencia, Automóviles Bertolín, que se vio afectado por las obras del metro efectuadas por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que impedían el acceso normal a la exposición de los vehículos y al taller de reparaciones. El Tribunal Supremo le dio la razón y fijó una indemnización de 419.283 euros.

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