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Confía Gobierno que antes de finalizar el año diputados discutan Ley de Responsabilidad Patrimonial

Publicado el 28/10/2022

Confía Gobierno que antes de finalizar el año diputados discutan Ley de Responsabilidad Patrimonial

La propuesta fue enviada por el gobernador Carlos Manuel Merino el 31 de marzo pasado 

La coordinadora de Asuntos Jurídicos del Gobierno estatal, Karla Cantoral, confió que antes de que concluya el 2022, el Congreso local discuta la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, enviada hace más de siete meses por el gobernador Carlos Manuel Merino Campos.

Cuestionada si es urgente su aprobación, Cantoral Domínguez dijo que existen criterios y resoluciones judiciales a nivel nacional que recomiendan la expedición de esta ley, que entre otras cosas, prevé que los ciudadanos puedan exigir una indemnización y hacer efectivo su derecho de reparación por la actuación irregular de las autoridades.

"El señor gobernador si bien es cierto mandó este proyecto de iniciativa, yo confío en que esta iniciativa sea analizada antes de que concluya (el 15 de diciembre) este periodo ordinario de sesiones", expresó.

Sobre la postura de algunos Ayuntamientos que no están convencidos en que se avale la ley en mención porque impactaría en el presupuesto, la jurídico aseveró que una vez aprobada, las autoridades tendrán que realizar sus previsiones.

"Esto se tiene que prever una vez que existan, por ejemplo, resoluciones que orden algún tipo de condena o pago por concepto de responsabilidad patrimonial, mientras tanto, no se puede contemplar un presupuesto como tal, es como los juicios, sentencias, laudos, hasta que no tengamos una sentencia con una cantidad líquida, no se puede hablar de un presupuesto", explicó.

La iniciativa presentada el 31 de marzo pasado, que se analiza en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, contempla la obligación de los Poderes del Estado, los ayuntamientos y organismos autónomos, para que respondan por los daños y perjuicios ocasionados por su actividad administrativa irregular, realizando los ajustes presupuestales necesarios para el pago de las indemnizaciones correspondientes.

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