La Ley de Segunda Oportunidad en diez sentencias

La pandemia ha sido un mazazo para la economía de muchos pequeños y medianos empresarios que, al mazazo que supuso la crisis de 2008 se ha sumado las pérdidas que han supuesto los ERTE, confinamientos, restricciones de movilidad y horarios derivados de la aparición del Covid. Una situación en la que personas que hasta ese momento podían hacer frente a las deudas contraídas vieron una disminución considerable de sus ingresos convirtiéndolos en morosos por acumular, en muchos casos, créditos que no pudieron pagar. En muchas ocasiones, además, a esto se suma en el caso de los autónomos las deudas con la Seguridad Social y Hacienda, que les impide poder solicitar ayudas para emprender de nuevo. Para todos ellos, la Ley de Segunda Oportunidad ha servido como tabla de salvación.

Y la situación no parece mejorar, según el CGPJ, en el segundo trimestre de este año aumentaron un 20% los asuntos relacionados con concursos de acreedores que llegaron a los juzgados andaluces. Aunque es cierto que en sus primeros años había cierta desconfianza sobre la ley de Segunda Oportunidad -fue promulgada en 2015- el número de personas que se acogen a este procedimiento no ha dejado de crecer desde 2019. Un éxito que se debe en parte a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 julio de 2019 que confirmaba que las deudas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social se incluían en la exoneración.