La Segunda Oportunidad deja de ser marginal; el nuevo termómetro del endeudamiento en España

Durante décadas, la insolvencia personal fue una realidad prácticamente invisible en España. Endeudarse más allá de la capacidad de pago no generaba estadísticas públicas ni debates económicos de calado: era un problema privado, silencioso y, en muchos casos, perpetuo. Familias enteras convivían durante años con embargos, intereses acumulados y exclusión financiera sin una salida realista. Hoy, sin embargo, ese panorama está cambiando de forma acelerada.

El crecimiento de los procedimientos vinculados a la Ley de la Segunda Oportunidad se ha convertido en uno de los indicadores más claros del deterioro financiero de los hogares, pero también de una transformación profunda del marco económico, cultural y legal español. Lo que antes se consideraba un último recurso excepcional empieza a consolidarse como una herramienta normalizada de ajuste económico.

Los datos explican por qué este fenómeno no es coyuntural. En España, más de 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda activa, y cerca de seis millones de particulares y autónomos se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera real, según estimaciones basadas en estadísticas oficiales del INE y del Banco de España. Sin embargo, apenas en torno al 3% ese colectivo ha utilizado hasta ahora los mecanismos legales de exoneración o reestructuración de deuda. Esta enorme brecha entre necesidad potencial y uso efectivo es clave para entender el fuerte crecimiento actual: no se trata de una anomalía estadística, sino de un ajuste estructural largamente pospuesto.

Un problema masivo que empieza a aflorar

El endeudamiento de los hogares españoles supera el 40% PIB, y aproximadamente una de cada tres personas mantiene algún tipo de deuda impagada o en situación de estrés financiero. A diferencia de crisis anteriores, el problema ya no se concentra exclusivamente en el crédito hipotecario. El crédito al consumo, las tarjetas revolving, los microcréditos y la financiación asociada al trabajo autónomo han ganado peso de forma significativa.

La combinación de inflación persistente, subida rápida de los tipos de interés y pérdida de poder adquisitivo ha tensionado especialmente a dos colectivos: los trabajadores autónomos y las rentas medias. Ambos dependen en gran medida del crédito para sostener su actividad o su nivel de consumo, y ambos han visto cómo los márgenes de maniobra se reducían drásticamente desde 2021.

En este contexto, la Ley de la Segunda Oportunidad ha pasado de ser una herramienta residual a convertirse en una auténtica válvula de escape económica. Desde su incorporación al ordenamiento jurídico español en 2015, el número de concursos de personas físicas no ha dejado de crecer, según la estadística concursal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, el verdadero punto de inflexión se produce tras la reforma de 2022, que elimina la obligación de pasar por un mediador concursal, reduciendo costes, complejidad y tiempos de tramitación.

El resultado ha sido un crecimiento exponencial: de apenas 700 procedimientos en 2014 se ha pasado a cerca de 36.000 en 2023, de acuerdo con los datos del CGPJ. Pero más allá de la cifra absoluta, lo relevante es el cambio de comportamiento social que refleja. Cada vez más ciudadanos empiezan a percibir la insolvencia no como un fracaso moral, sino como un mecanismo legítimo de reequilibrio financiero dentro de una economía de mercado.

Mirando a 2026: qué cabe esperar

De cara a 2026, el escenario más probable apunta a un crecimiento anual sostenido de entre el 15% y el 25% en los procedimientos de Segunda Oportunidad. La normalización social, el mayor conocimiento del mecanismo y la presión económica sobre los hogares seguirán alimentando esta tendencia incluso en escenarios de crecimiento económico moderado.

Un escenario más expansivo —ligado a nuevas simplificaciones normativas, refuerzos judiciales o mayor digitalización— podría acelerar la convergencia con los países europeos más avanzados. El principal riesgo, en cambio, reside en la saturación de los juzgados mercantiles si el crecimiento no va acompañado de recursos suficientes, lo que podría ralentizar los procedimientos y erosionar la confianza ciudadana.

No obstante, incluso en un escenario conservador, la dirección es clara. La Segunda Oportunidad ha dejado de ser un recurso excepcional para convertirse en un indicador adelantado del estado financiero de la sociedad.

Para 2026, la pregunta ya no será si este mecanismo seguirá creciendo, sino si España será capaz de gestionarlo con la eficiencia de las economías europeas más avanzadas. Porque, en última instancia, la insolvencia personal no es solo un problema legal: es uno de los termómetros más precisos de la economía real y de la salud financiera de una sociedad que, por fin, empieza a afrontar su endeudamiento de forma estructural.